Día 21 de febrero de 2000: Recibo carta de la Fiscalía General del Estado en la cual rebautizan al pueblo de Belver de Cinca con el nombre, más adecuado a mi entender, de Belver de los Horrores.
En su escrito me comunican que por existir un supuesto defecto de forma, el hecho de no haber apelado la decisión del Juzgado de Instrucción de Fraga, no procede revisar ninguna de las actuaciones que dichos jueces llevaron a cabo y mi protesta no es aceptada.
Esta decepcionante respuesta me sorprende por los motivos siguientes:
1.- Mi abogado de Fraga, Ramón Villas Espitia, y mi Procuradora de la misma ciudad, Mª Ángeles Casanarra Casas, tenían instrucciones concretas y concisas de recurrir todas las decisiones judiciales que nos fueran adversas, tanto en el Juzgado de Instrucción de Fraga como en la Audiencia Provincial de Huesca, y me dijeron, verbalmente, que se había recurrido y apelado.
2.- Porque a quien se pide información es a la Fiscalía de la Audiencia de Huesca, a quien yo considero implicada, por lo menos a nivel de complicidad, en los delitos de Belver, cosa que la invalida para ser informador fiable.
3.- Porque en los diferentes documentos que envié a las Instituciones Estatales (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, ...) como a las Autonómicas (Justicia de Aragón, Cortes de Aragón, Presidente de Aragón, ...) vierto acusaciones tan graves, que creo que en todo Estado Democrático el Fiscal General debería actuar de Oficio, bien dándome crédito a mi, contra las instituciones que denuncio, bien contra mi por calumnias e injurias a tan Magnas Autoridades (como ahora mismo se está realizando contra independentistas que queman retratos y banderas).
Al replicar a la Fiscalía y no obteniendo rectificación en su postura, el día 15 de marzo de 2000, me persono en el Juzgado de Instrucción de Fraga para aclarar definitivamente el estado de la situación. Allí me comunican, oralmente, que, efectivamente, se había presentado Recurso de Apelación y que “se había extraviado porque la documentación pasa por muchas manos”. Lógicamente no me dieron copia, tampoco de esta documentación, ya que no existía en el archivo. Tampoco mi ex-abogado ni mi procuradora me dieron copia, alegando “no tenerla”.
Todo esto me hace sopesar la posibilidad que realmente no se hubiera presentado la apelación, pero ¿por qué en el Juzgado se me dijo que sí? ¿Realmente se me quieren quitar de encima dándome la razón por un lado, como a los niños o a los locos, y quitándomela por el otro con justificaciones contradictorias?
¿Que indemnización se debería dar por los muertos que están en el vertedero?
¿A cuanta gente salpicaría recuperar los muertos del vertedero?
No hay comentarios:
Publicar un comentario