Día 20 de diciembre de 1999: Envío carta al Presidente del Gobierno Español, José María Aznar López, para ponerlo al corriente del caso Belver; Si la vía judicial no funcionó en Aragón, la vía política aragonesa se mostró igualmente inoperante, y según mi criterio, cooperadora necesaria para encubrir dichos delitos, y a la espera de que el Tribunal Constitucional (vía judicial a nivel del Estado) respondiera a mi reclamación, pensé que el máximo representante político a nivel estatal debía conocer lo que se cocía en Aragón y tomar las medidas necesarias. Para ello le envío copias de algunos documentos no judiciales que ha generado todo el proceso.
Día 27 de diciembre de 1999: Recibo la respuesta del Tribunal Constitucional a mi carta de 1 de diciembre de 1999. Parece que el cambio de milenio será positivo. Grandes señales vemos en los cielos judiciales.
Día 19 de enero de 2000: Se me comunica, vía telefónica, que los restos humanos, que entregué en el Juzgado de Instrucción de Fraga al médico Forense, tienen una antigüedad de entre 400 y 700 años y que se hará un informe con reportaje fotográfico y se me entregará una copia del mismo. Está más que claro que algo importante y muy antiguo estaba enterrado en el subsuelo de la Iglesia de Belver.
Día 23 de enero de 2000: Compruebo que en la finca donde han tirado los restos antropológicos y los cascotes procedentes de las obras de la Iglesia ya se está cultivando. Verbalmente lo comunico a la Guardia Civil de Belver.
31 de enero de 2000: Tras recibir la respuesta del Tribunal Constitucional comunicándome que envía las informaciones a la Fiscalía General del Estado, mi confianza en la Justicia Española se recupera un poco. Les envío misiva acompañada de documentación que les detallo. Sigo acusando a los mismos personajes calificándolos de TERRORISTAS DE GUANTE BLANCO.
Día 4 de febrero de 2000: Recibo carta firmada por Isabel Pita Cañas, Subdirectora General de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Me quedo maravillado del absoluto grado de Autonomía de que goza España, que considero rayana en el Federalismo, al no poder incidir ni fiscalizar mínimamente el Gobierno Central a las Instituciones Autonómicas que sólo han de rendir cuentas a Dios y a la “Justicia”. Y si los “Tribunales de Justicia” consienten o participan en los delitos, entonces nos encontramos en el “Limbo de los Justos”.
¿Para qué funciones ha sido elegido el señor Aznar? ¿Para qué tiene un Gabinete? Este Gabinete, ¿para qué tiene una Secretaría? ¿Para qué la Dirección General de la Secretaría? ¿Para qué la Subdirección General de la Dirección General? ¿Cuantos chupópteros viven de nuestros impuestos? El señor Aznar ¿sólo sirve para meternos en una Guerra? Como él tiene sus muertos en sus tumbas, los demás podemos tenerlos en un vertedero ¿y no pasa nada? Si esto se hubiera hecho en el Monasterio del Escorial, ¿el señor Aznar respetaría, igual que aquí con la de Aragón, la Autonomía de la Comunidad de Madrid?
Día 7 de febrero de 2000: Voy al cuartel de la Guardia Civil de Belver a poner una nueva denuncia contra los implicados en los delitos terroristas de Belver. Me comunica el guardia de puertas que no les funciona el ordenador y por tanto no podré poner la denuncia. Le digo que volveré mañana.
Día 8 de febrero de 2000: Me presento nuevamente en el cuartel de la Guardia Civil con la finalidad de interponer mi denuncia. Me dicen que no está el jefe de puesto y que el ordenador sigue averiado, lo que supongo que es una escusa que yo atribuyo a presiones que están recibiendo. Casualmente hoy, el nuevo obispo de Barbastro-Monzón, Juan José Omella Omella, está en Belver.
Día 10 de febrero de 2000: Por tercera vez acudo al Cuartel de la Guardia Civil y compruebo que es cierto: reciben presiones político-eclesiástico-judiciales. Con lo que considero escusas fútiles para no redactar mi denuncia, me veo obligado a hacerlo yo mismo de mi puño y letra. A lo que no pueden negarse, es a aceptarla y darle curso. Me sellan una copia de la misma y me consta que la tramitaron en el Juzgado de Instrucción de Fraga y de ahí tendría que pasar a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huesca, pero de todo ello jamás he recibido ninguna notificación del devenir de estas diligencias. ¡Valiente Estado de Derecho Constitucional y Democrático!
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