El Archivo y el Silencio Sistemático

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Día 13 de marzo de 2000: Me persono en el cuartel de la Guardia Civil a denunciar otro atentado en nuestra finca cometido por los hermanos Soldevilla Bardají. En esta ocasión, se trata del hermano del Insigne Inventor de Aparatos y Delitos.

Día 15 de marzo de 2000: Me presento en el Juzgado de Instrucción de Fraga donde se me confirma, nuevamente, la antigüedad de los restos óseos que recogí en el vertedero de Belver procedentes del subsuelo de la Iglesia (de 700 a 400 años).

Me encuentro con mi procuradora, María Ángeles Casanarra Casas, y le pregunto: ¿Qué farsa es ésta, de los jueces de este Juzgado y de los de la Audiencia de Huesca, mintiendo a la Fiscalía General del Estado y diciéndole que no se había recurrido lo de la Iglesia? Me responde que se recurrió por medio de mi abogado, Ramón Villas Espitia. Le pido que lo confirme en su oficina y por la tarde, telefónicamente, me da seguridad de que se hizo tal como me dijo.

Día 23 de marzo de 2000: El eximio juez, Ramón Landa Pérez, procede a dar el auto de archivo de la denuncia que presenté el día 13. Naturalmente, está sin firmar ni sellar, como ya va siendo habitual. Como también es habitual, se archiva mi denuncia, argumentando que un delito denunciado es civil y el otro es penal, por lo que la denuncia ante la Guardia Civil, al parecer, no sirve de nada y debo interponer dos nuevas denuncias diferentes ante EL MISMO JUZGADO. ¿Qué camino siguió el eximio juez cuando me acusó de rajar la rueda de su coche; el civil, el penal, el criminal, el contencioso administrativo o simplemente el abuso de autoridad?

Día 27 de marzo de 2000: Remito carta al Presidente del Gobierno de España, José María Aznar, adjuntándole documentación generada por el caso de la Iglesia de Belver. Nunca recibí respuesta, “tal como manda el Estado de Derecho Constitucional y Democrático”.

Día 17 de abril de 2000: Remito carta al Ayuntamiento de Monzón notificándoles los delitos cometidos contra los restos de los Caballeros Templarios que defendieron esa ciudad, y que hoy se hallan tirados en el vertedero de una finca particular de Belver, y anunciándoles que por medio de la Concejal de Cultura de ese Ayuntamiento les haré llegar la documentación probatoria. Tampoco esta Institución respondió a mi carta, como viene siendo usual en “nuestro particular Estado de Derecho Constitucional y Democrático”.

Día 18 de abril de 2000: Viene nuestro nuevo abogado de Lérida, Xavier Revés i Noriega, acompañado de un Perito para levantar acta en nuestra finca sobre el camino que montaron nocturnamente los individuos de Belver apoyados por los juzgados, de Instrucción de Fraga y Audiencia Provincial de Huesca.

Día 19 de abril de 2000: Me veo en la obligación de poner otra denuncia ante la Guardia Civil de Belver, ya que los Hermanos Soldevilla no solamente siguen perturbando nuestra finca con la fiula de riego, si no que además nos la inundan. Evidentemente, este comportamiento tan reiterado y autosuficiente, sólo lo puedo justificar por la seguridad que ellos tenían de total impunidad ante la ley.

Día 28 de abril de 2000: Recibo la sentencia del eximio juez Landa a mi denuncia del día 19 (y luego dirán que la Justicia es lenta y los juzgados están colapsados...) según la cual, al no encontrar indicios de delito criminal, archiva la causa y me remite a poner una denuncia “interdictal” EN EL MISMO JUZGADO, nuevamente. Al menos, esta copia del Auto Judicial está sellada aunque sin firmar.

Cuando un ciudadano presenta una denuncia sobre un delito ante las Fuerzas de Seguridad del Estado, y éstas confirman la existencia de ese delito, ¿cómo puede un juez archivar las causas por tecnicismos legales? ¿Qué asesoramiento debe tener ese ciudadano para conocer si su denuncia ha de seguir la vía criminal, penal, civil o administrativa? Si no puede pagar un abogado, ¿no tiene derecho a denunciar los delitos que se cometan contra él? ¿Por qué las instituciones, juzgados incluidos, dejan sin respuesta cartas, solicitudes y denuncias tratándolos de TERRORISTAS?