... Y Marcelino gana las elecciones ¿qué saldrá?

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Día 2 de agosto de 1999: Toma posesión como Presidente del Gobierno de Aragón Marcelino Iglesias Ricou, del PSOE, sucediendo a Santiago Lanzuela Marina, del PP. Este mismo día escribo la carta que le envío el día 3, esperando que este individuo y su Gobierno apliquen la ley de Patrimonio al caso de Belver, y por inercia a los demás pueblos de La Franja Catalana que han sufrido la misma situación, a pesar de los problemas que esto les puede suponer en sus absurdas y nada documentadas reclamaciones de Patrimonio a Catalunya (tema del Museo Diocesano de Lleida, bienes del Real Monasterio de Sijena, etc.).

Día 12 de agosto de 1999: Recibo respuesta a mi carta del día 2, firmada por el Jefe de Protocolo y Relaciones Públicas de la Diputación General de Aragón, Tomás Solans Gistau. En ella se me comunica que mis duras palabras contra las Instituciones han sido trasladadas al Consejero de Cultura y Turismo, Javier Callizo Soneiro para que éste estudie los motivos de mi “inquietud acerca de la conservación del Patrimonio Histórico aragonés”. Dado que en la carta me refería a las Instituciones aragonesas políticas y judiciales como “terroristas de guante blanco”, ¿como no se trasladó esta carta a la Fiscalía para proceder contra mí o contra sí mismos por implicados?

Aún estoy esperando los resultados del “conocimiento y los efectos que estimó” el señor Callizo.

Día 21 de septiembre de 1999: Remito carta, por enésima vez, al Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ex-fiscal de la Audiencia Provincial de Huesca en la que aún actúa en ocasiones especiales, adjuntándole copia “comentada” de dos de sus respuestas anteriores y otros documentos oficiales, para que vea que he actuado siguiendo las indicaciones que en ellas me daba, con el fin de pedirle nuevamente que actúe conforme a las leyes de Patrimonio (española y aragonesa) y termine la persecución constante contra nosotros y nuestras propiedades, ya que su Corporativismo nunca podrá contra nuestras convicciones.

Día 5 de octubre de 1999: Recibo respuesta del Justicia de Aragón en la que me comunica que se inhibe de cualquier actuación amparándose en el hecho de que el caso está aún bajo procedimiento judicial “ante el juzgado correspondiente”. ¿Qué juzgado era ése?

En Huesca, como en Fraga, los procedimientos se archivan o se hacen prescribir, y a cada una de mis denuncias se responde con toda clase de delitos y falsas acusaciones en mi contra. El caso de la Iglesia fue archivado definitivamente por el eximio juez de instrucción de Fraga para evitar al contribuyente una “costosísima investigación que no se justifica por meras sospechas” el día 25 de septiembre de 1998.

¿Como va a defender al ciudadano aragonés un Justicia que tiene tan “pésimas fuentes de información”?