Siguen siguiendo... ¡los jueces!

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El día 23 de julio de 1977 presento denuncia ante la Guardia Civil de Belver ante un nuevo atentado en nuestra finca, esta vez por la parte Este de la misma (Ver mapa, finca nº8), perpetrado por José Antonio Lozano Mestre, hijo del propietario de la finca nº 6, colindante con la nuestra.

Por medio de esta acción, pretende apropiarse de parte de nuestra finca, colocando chatarras de un coche y de una empacadora.

La Guardia Civil, cumpliendo su función, inicia los trámites legales pertinentes, que el Juzgado de Instrucción de Fraga diligencía con penosa lentitud hasta que el día veintidós de mayo de 1998 dicta sentencia absolutoria a favor de los denunciados por falta de pruebas en las amenazas (palabra contra palabra), por supuesta indefinición de las lindes de las fincas (que están constituidas de tiempo inmemorial) en el caso del surco e ignorando y desentendiéndose tanto de la destrucción de los girasoles como de la colocación de las chatarras.

Esta actitud judicial de absolver o dejar prescribir los delitos contra nosotros cometidos y apoyar cualquier actuación en contra nuestra por parte de los implicados en el expolio y destrucción patrimonial de la Iglesia, será una constante a lo largo de los años. La única explicación que yo encuentro es mi negativa a participar en esos actos vandálicos y, por el contrario, denunciarlos constantemente.