El Archivo y el Silencio Sistemático

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Día 13 de marzo de 2000: Me persono en el cuartel de la Guardia Civil a denunciar otro atentado en nuestra finca cometido por los hermanos Soldevilla Bardají. En esta ocasión, se trata del hermano del Insigne Inventor de Aparatos y Delitos.

Día 15 de marzo de 2000: Me presento en el Juzgado de Instrucción de Fraga donde se me confirma, nuevamente, la antigüedad de los restos óseos que recogí en el vertedero de Belver procedentes del subsuelo de la Iglesia (de 700 a 400 años).

Me encuentro con mi procuradora, María Ángeles Casanarra Casas, y le pregunto: ¿Qué farsa es ésta, de los jueces de este Juzgado y de los de la Audiencia de Huesca, mintiendo a la Fiscalía General del Estado y diciéndole que no se había recurrido lo de la Iglesia? Me responde que se recurrió por medio de mi abogado, Ramón Villas Espitia. Le pido que lo confirme en su oficina y por la tarde, telefónicamente, me da seguridad de que se hizo tal como me dijo.

Día 23 de marzo de 2000: El eximio juez, Ramón Landa Pérez, procede a dar el auto de archivo de la denuncia que presenté el día 13. Naturalmente, está sin firmar ni sellar, como ya va siendo habitual. Como también es habitual, se archiva mi denuncia, argumentando que un delito denunciado es civil y el otro es penal, por lo que la denuncia ante la Guardia Civil, al parecer, no sirve de nada y debo interponer dos nuevas denuncias diferentes ante EL MISMO JUZGADO. ¿Qué camino siguió el eximio juez cuando me acusó de rajar la rueda de su coche; el civil, el penal, el criminal, el contencioso administrativo o simplemente el abuso de autoridad?

Día 27 de marzo de 2000: Remito carta al Presidente del Gobierno de España, José María Aznar, adjuntándole documentación generada por el caso de la Iglesia de Belver. Nunca recibí respuesta, “tal como manda el Estado de Derecho Constitucional y Democrático”.

Día 17 de abril de 2000: Remito carta al Ayuntamiento de Monzón notificándoles los delitos cometidos contra los restos de los Caballeros Templarios que defendieron esa ciudad, y que hoy se hallan tirados en el vertedero de una finca particular de Belver, y anunciándoles que por medio de la Concejal de Cultura de ese Ayuntamiento les haré llegar la documentación probatoria. Tampoco esta Institución respondió a mi carta, como viene siendo usual en “nuestro particular Estado de Derecho Constitucional y Democrático”.

Día 18 de abril de 2000: Viene nuestro nuevo abogado de Lérida, Xavier Revés i Noriega, acompañado de un Perito para levantar acta en nuestra finca sobre el camino que montaron nocturnamente los individuos de Belver apoyados por los juzgados, de Instrucción de Fraga y Audiencia Provincial de Huesca.

Día 19 de abril de 2000: Me veo en la obligación de poner otra denuncia ante la Guardia Civil de Belver, ya que los Hermanos Soldevilla no solamente siguen perturbando nuestra finca con la fiula de riego, si no que además nos la inundan. Evidentemente, este comportamiento tan reiterado y autosuficiente, sólo lo puedo justificar por la seguridad que ellos tenían de total impunidad ante la ley.

Día 28 de abril de 2000: Recibo la sentencia del eximio juez Landa a mi denuncia del día 19 (y luego dirán que la Justicia es lenta y los juzgados están colapsados...) según la cual, al no encontrar indicios de delito criminal, archiva la causa y me remite a poner una denuncia “interdictal” EN EL MISMO JUZGADO, nuevamente. Al menos, esta copia del Auto Judicial está sellada aunque sin firmar.

Cuando un ciudadano presenta una denuncia sobre un delito ante las Fuerzas de Seguridad del Estado, y éstas confirman la existencia de ese delito, ¿cómo puede un juez archivar las causas por tecnicismos legales? ¿Qué asesoramiento debe tener ese ciudadano para conocer si su denuncia ha de seguir la vía criminal, penal, civil o administrativa? Si no puede pagar un abogado, ¿no tiene derecho a denunciar los delitos que se cometan contra él? ¿Por qué las instituciones, juzgados incluidos, dejan sin respuesta cartas, solicitudes y denuncias tratándolos de TERRORISTAS?

No se inmutan, tragan y callan.

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Foto http://www.asesoriaparlamentaria.maec.es/Senado/SenPortavoces

Día 25 de febrero de 2000: Mando sendas cartas al Presidente de Aragón, Marcelino Iglesias Ricou, y al Justicia de Aragón y Fiscal Emérito de la Audiencia Provincial de Huesca, Fernando García Vicente. En ellas comienzo con un irónico y más que afectuoso saludo, les recito los delitos cometidos contra los muertos en Belver, les amenazo con "pagarles con su misma moneda", les invito a ponerme una querella y, para despedirme, les insulto.

Han pasado 8 años y medio y no he recibido ni satisfacción, ni sanción.

¿Cómo pueden admitir esas cartas tan duras sin reaccionar de ninguna manera?

¿Cuanto se habrá robado y destruido en la Franja con su conocimiento y/o consentimiento?

Día 1 de marzo de 2000: Envío otra carta al "Presidente de la Deshonra" que rige en las Cortes de Aragón, José María Mur Bernad, que milita en el mismo partido que yo; el PAR. Los términos son prácticamente idénticos a las anteriormente mencionadas. Le echo en cara que, al crear un Libro de Firmas por la Paz en las Cortes de Aragón, se le llena la boca con la palabra RESPETO, un respeto que es incapaz de mostrar con respecto a los muertos que están tirados en un vertedero por culpa de unos delincuentes con los que él habla a menudo.

Como con las demás misivas y personajes ilustres, tuve la callada por respuesta, pero “obras son amores y no buenas razones”, pasan a la acción nuevamente por medio de uno de sus peones: el "insigne Inventor" de aparatos y delitos, ayudado por toda la “Corte Celestial” oscense.

La Fiscalía "bautiza" a Belver

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Día 21 de febrero de 2000: Recibo carta de la Fiscalía General del Estado en la cual rebautizan al pueblo de Belver de Cinca con el nombre, más adecuado a mi entender, de Belver de los Horrores.

En su escrito me comunican que por existir un supuesto defecto de forma, el hecho de no haber apelado la decisión del Juzgado de Instrucción de Fraga, no procede revisar ninguna de las actuaciones que dichos jueces llevaron a cabo y mi protesta no es aceptada.

Esta decepcionante respuesta me sorprende por los motivos siguientes:

1.- Mi abogado de Fraga, Ramón Villas Espitia, y mi Procuradora de la misma ciudad, Mª Ángeles Casanarra Casas, tenían instrucciones concretas y concisas de recurrir todas las decisiones judiciales que nos fueran adversas, tanto en el Juzgado de Instrucción de Fraga como en la Audiencia Provincial de Huesca, y me dijeron, verbalmente, que se había recurrido y apelado.

2.- Porque a quien se pide información es a la Fiscalía de la Audiencia de Huesca, a quien yo considero implicada, por lo menos a nivel de complicidad, en los delitos de Belver, cosa que la invalida para ser informador fiable.

3.- Porque en los diferentes documentos que envié a las Instituciones Estatales (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, ...) como a las Autonómicas (Justicia de Aragón, Cortes de Aragón, Presidente de Aragón, ...) vierto acusaciones tan graves, que creo que en todo Estado Democrático el Fiscal General debería actuar de Oficio, bien dándome crédito a mi, contra las instituciones que denuncio, bien contra mi por calumnias e injurias a tan Magnas Autoridades (como ahora mismo se está realizando contra independentistas que queman retratos y banderas).

Al replicar a la Fiscalía y no obteniendo rectificación en su postura, el día 15 de marzo de 2000, me persono en el Juzgado de Instrucción de Fraga para aclarar definitivamente el estado de la situación. Allí me comunican, oralmente, que, efectivamente, se había presentado Recurso de Apelación y que “se había extraviado porque la documentación pasa por muchas manos”. Lógicamente no me dieron copia, tampoco de esta documentación, ya que no existía en el archivo. Tampoco mi ex-abogado ni mi procuradora me dieron copia, alegando “no tenerla”.

Todo esto me hace sopesar la posibilidad que realmente no se hubiera presentado la apelación, pero ¿por qué en el Juzgado se me dijo que sí? ¿Realmente se me quieren quitar de encima dándome la razón por un lado, como a los niños o a los locos, y quitándomela por el otro con justificaciones contradictorias?

¿Que indemnización se debería dar por los muertos que están en el vertedero?

¿A cuanta gente salpicaría recuperar los muertos del vertedero?